La Tempestad

El 10 de junio del presente año, varios periódicos publicaron declaraciones del presidente del Conaculta en sendos artículos cuyos títulos anunciaban desde un recorte suavizado (‘Suavizan el recorte a cultura’, Reforma) hasta una austeridad limitada a lo administrativo (‘Habrá austeridad administrativa: Tovar’, El Universal), pasando por un presupuesto recuperado, pero sólo a la mitad (‘Recuperan la mitad; recorte a Conaculta’, Excélsior). El Conaculta mismo, en su nota de prensa, optó por no debatirse entre el vaso medio lleno o medio vacío y eligió la afirmación pura y dura: ‘Conaculta destinará 350 millones de pesos para programas de instituciones culturales’.

Independientemente de que esta recuperación sea una buena noticia, en particular si la atribuimos a una voluntad de las autoridades por responder a las demandas de ciertos sectores de la sociedad civil, un somero análisis de la información que ofrecen estas notas apunta algunos de los temas a discutir en el complejo rubro del financiamiento público de las artes en México. Y es que si nos separamos un poco del tono político de las declaraciones de Rafael Tovar y de Teresa y de su enumeración cuantitativa, la situación sigue resultando muy preocupante en la medida en que refleja lo que pasa cuando instituciones moldeadas por una historia de vicios se arrastran por las aguas turbulentas de las crisis recurrentes.

Tovar asegura que se mantendrán producciones y coproducciones teatrales, coreográficas y musicales, además del programa de ópera de Bellas Artes; que se mantendrá el programa de exposiciones internacionales (curiosamente sólo se mencionan tres en Bellas Artes y una en el MUNAL); así como los apoyos del FONCA, los fondos bilaterales y el apoyo a los “festivales culturales” (¿cuáles?) y a las artes visuales (¿cuáles?). La lista heterogénea continúa diciendo que no habrá “ningún impacto” en IMCINE, Canal 22, Educal, Centro Cultural Tijuana y Radio Educación y que –como los dos pesos de Bartola– los recursos “recuperados” alcanzarán para la Biblioteca de México, el Centro de la Imagen, “algunos ajustes para una mejor operación” de la Cineteca Nacional y una habilitación inmediata (pero incompleta) de los Estudios Churubusco. En cuanto al PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados), asegura que el recorte es inevitable, pero que los recursos se irán aplicando según las gestiones con cada uno de los estados. Finalmente, recalca que habrá una “inversión sustantiva en las plataformas digitales del Conaculta”. Después de esta lista de lo que no se verá afectado, y en un tono tranquilizador, afirma que los recortes se limitarán a una austeridad en la administración. Ahí viene otra lista tan heterogénea como la anterior pues incluye rubros tan dispares como las contrataciones y las largas distancias (una necesidad algo sorprendente en tiempos de Internet).

La inconsistencia de los conjuntos apenas resulta sorprendente: es la expresión de una forma de entender la política cultural que usa una mano para aferrarse al corporativismo y la propaganda de Estado y la otra (solita, claro) para aplaudir al neoliberalismo privatizador de las “industrias creativas”. La “suavizada” al recorte podría ser una buena noticia, pero no da para una celebración por los millones asignados. La respuesta inmediata es desafortunada en la medida en que el titular de Conaculta sustituye la diversidad y la complejidad de las instituciones a su cargo por una lista desarticulada de buenas intenciones.

Cada uno de los casos merece una explicación a fondo. Las polémicas obras de la Cineteca, la Biblioteca de México, el Centro de la Imagen y los Estudios Churubusco, por ejemplo, no sólo merecen una revisión de lo que ya pasó, sino un explicación clara de qué va a pasar: si se va a invertir menos, por ejemplo, que se diga qué partes de los proyectos planteados en un principio se van a cancelar, cuáles no y por qué. Decir que las exposiciones internacionales se mantienen porque no se cancelarán cuatro muestras de perfil espectacular, que representan vínculos importantes y préstamos de obra de instituciones de primer nivel (con los altísimos costos que estos conllevan en términos de seguros, transporte, etc.), no implica que otros proyectos internacionales con menos peso mediático y diplomático no se verán afectados. En breve, si bien hay que celebrar la voluntad de diálogo de las autoridades, la respuesta apresurada del “aquí no pasa nada” es claramente insuficiente porque sólo podría resultar verosímil para quienes no están familiarizados con los sectores afectados.

Esta podría ser una buena coyuntura para empezar a discutir otras cosas, no sólo cuánto gastamos sino cómo lo gastamos y cómo se decide en qué gastarlo. Según el artículo de El Universal, el titular de la dependencia dijo que Conaculta administra siete mil 200 millones de pesos y que el recorte fue equivalente a 780 millones. Aquí vuelve a aparecer el escabroso tema de cuánto es el gasto corriente y cuánto el gasto en infraestructura; cuánto en burocracia, prebendas y proyectos de relumbrón y cuánto en un proyecto serio y articulado que vaya más allá de los programas propagandísticos de un sexenio u otro. Según la misma fuente, el funcionario declaró, en una fórmula muy extraña, que los fondos con los que se trabaja “no están en una cuenta ni están en una chequera, son recursos que existen en una pantalla y que van bajando según se van autorizando. De modo que lo que hemos podido lograr es que Hacienda y la Secretaría de Educación Pública nos descongele 350 millones, los cuales serán utilizados para el gasto sustantivo del sector cultural”.

Como de esa cosa informe que se llama “sector cultural” –que incluye tanto los espectáculos de mimos como las telenovelas, los sarapes de Saltillo y las orquestas sinfónicas– lo único que conozco es el sector de las artes visuales, ejemplificaré algunas cosas que podríamos empezar a discutir desde ahí. Estamos en junio y los montos de los que se habla fueron asignados (en la pantalla) a principios de año. Preparar una exposición es un proceso que lleva, por lo menos, unos seis meses (idealmente serían procesos mucho más largos). ¿Qué trabajo se puede hacer, qué compromisos se pueden establecer, si la institución que programa no sabe si los recursos “bajarán de la pantalla” hasta las manos de sus proveedores ni cuándo lo harán? Se entiende que en el caso de un recorte se tomen medidas de emergencia, pero no se entiende que se opere con subejercicios y bomberazos derivados de las misteriosas fuerzas gravitacionales que hacen “bajar” los recursos.

En mi experiencia, el resultado de esta forma de administración lleva a un constante dispendio innecesario. Ejemplos variopintos y sin orden jerárquico: los boletos de avión –gestionados con agencias que tienen licitaciones con el gobierno– se compran a última hora y salen carísimos; los precios y los productos de las empresas que pueden aguantar seis meses o más para que les paguen (cuando “baja” el recurso) no necesariamente son los mejores, y esto es resultado de que quienes gestionan directamente los museos y centros culturales no tienen independencia en el manejo de sus recursos (como si los mandos medios y bajos tuvieran, por naturaleza, una mayor tendencia a la corrupción que sus jefes); los especialistas contratados para la realización de proyectos (esos que ahora aparecen bajo el rubro de “gastos administrativos superfluos”) suelen ser profesionistas independientes que padecen enormemente esta incertidumbre en los pagos –de hecho una parte importante del personal que labora llevando a cabo las labores sustantivas de los mismos museos trabaja a ese título, puesto que la mayoría de las plazas fijas existentes son administrativas, no operativas.

Los problemas –que jamás se discuten– se multiplican: se favorecen los proyectos espectaculares a corto plazo y se desalientan aquellos menos visibles que garantizan la continuidad del patrimonio o apuestan por el futuro (en las remodelaciones de museos siempre es preferible pintar la fachada y cambiar el logotipo que arreglar las bodegas); se construyen inmuebles fastuosos (con pingües contratos para alguna constructora) a fin de que el funcionario en turno corte el listón, y jamás se piensa en garantizar un presupuesto para que las instituciones que éstos albergan puedan mantener sus operaciones (se construye una escuela impresionante que no cuenta con computadoras ni con bibliotecas actualizadas, a los dos años se despide a una tercera parte de la planta docente porque no hay presupuesto); se recortan los presupuestos, pero se carece de mecanismos que permitan que los centros gestionen sus propios fondos, etc.

Es evidente que muchos de estos asuntos no son privativos del sector y que los que he mencionado son los síntomas y no las causas últimas de una serie de problemas que se manifiestan de diferente manera en cada disciplina o tipo de institución. Estas líneas desordenadas apenas y dan cuenta de un panorama muy complejo, con rezagos añejos que sería urgente subsanar en momentos de crisis. El problema es que es precisamente en esos momentos cuando se suele sacrificar lo importante por lo urgente, cuando por salvar un hoyo se cae en un despeñadero. Espero que el hecho de que diferentes sectores se hayan manifestado y hayan empezado a organizarse, aunado a una voluntad de las autoridades para dialogar, abra la posibilidad no de cambios y declaraciones grandilocuentes sino de una discusión seria y abierta acerca de cómo mejorar las condiciones laborales (y por lo tanto productivas) en el sector de las artes, a nivel de piso y caso por caso.